por Dawn Paley
Volante del gobierno anunciando la segunda etapa del "Plan Estratégico de Seguridad" para el pequeño pueblo de Valle de Bravo, en el Estado de México.
Cuando el narcotraficante mexicano Joaquín
'El Chapo' Guzmán escapó de la cárcel por un túnel en julio, la historia llegó
a los titulares internacionales. La búsqueda posterior del Chapo
dominó la cobertura de los medios de comunicación de México por semanas. L@s
expert@s y l@s periodistas afirmaron que su fuga había retrasado por una década
las relaciones mexicanas-estadounidenses.
Siete funcionari@s de prisiones han sido detenid@s en
relación con la fuga de El Chapo (o quizá podamos entenderla mejor como una
especie de liberación no oficial). Esta es la segunda vez que El Chapo ha
salido de la cárcel. La primera vez que se escapó de Puente Grande, una prisión
de seguridad máxima, lo hizo con la complicidad de l@s funcionarios de la prisión.
La historia oficial era que se escapó en un carro de lavandería, pero su
primera salida, al igual que la segunda, no habría sido posible sin la
complicidad y la participación de l@s funcionari@s de la prisión.
La cobertura de la fuga del Chapo eclipsó
la discusión de los ataques contra el pueblo en Michoacán y Guerrero, las
nuevas compras militares y las primeras subastas de bloques de petróleo en 75
años, proporcionando un ejemplo de cómo las narrativas dominantes en la guerra
contra las drogas sirven para ocultar los eventos importantes que ocurren
simultáneamente. La narrativa de la corriente principal de los medios de
comunicación con respeto a la guerra contra las drogas incluye: un enfoque en la
narración de algunas historias, como la fuga de El Chapo, o las rivalidades
entre los cárteles; y una indiferencia hacia los asesinatos, desplazamientos y
desapariciones, así como los eventos económicos que transforman la sociedad
mexicana.
La idea de que un individuo podría mediar
la guerra o la paz era prominente en los informes de los medios de comunicación
acerca de la fuga del Chapo. La violencia continua en México era en gran parte
ignorada, especialmente en la cobertura internacional. En las dos semanas tras
la fuga de El Chapo, oímos relativamente poco sobre el desplazamiento de 200
residentes de San Miguel Totolapan en Guerrero, sobre el ataque del ejército en la comunidad nahua de Santa María
Ostula, en Michoacán, o acerca de las desapariciones de 12
personas en Chilapa, Guerrero. San Miguel Totolapan es parte de un distrito
minero, rico en oro, plata, plomo y zinc: se han concedido
múltiples concesiones de exploración en el municipio. Los conflictos en Chilapa
han sido constantes mientras civiles armad@s se
hicieron cargo de la
seguridad de la ciudad en medio de un conflicto que involucra a dos grupos
criminales y la Policía Federal. En Ostula, l@s residentes tienen claro que el
ataque del ejército en su comunidad se debe a la negación
de permitir a l@s locales ejercer la autonomía y control sobre sus territorios.
Mientras la búsqueda de El Chapo
continuaba, los resultados de licitación para la primera ronda de contratos de la exploración
petrolera fueron anunciados por el gobierno mexicano. Se otorgaron dos concesiones
afuera de la costa, a un consorcio de empresas de México, EE.UU. y el Reino
Unido. Eso marcó la primera vez en 75 años que los contratos de exploración de
petróleo se les concedieron a las empresas petroleras privadas en México. Fue
la primera y la más pequeña de las cinco subastas de bloques de petróleo que ocurrirán
en México como parte de la primera ronda de las concesiones otorgadas en el sector
petrolero mexicano, recién privatizado.
Vale la pena señalar que Pemex, la
petrolera estatal de México, no participó en las subastas. "La ausencia
de Pemex en estas subastas establece un mal precedente, que tendrá
consecuencias para las finanzas públicas, siendo que, en los últimos años, [Pemex
ha representado] alrededor de un 35% de los ingresos del Estado," según Aroa de
la Fuente, una investigadora de FUNDAR, una organización de investigación en la
Ciudad de México.
En mi libro El
capitalismo narco, sugiero
que es importante que rompamos con la narrativa dominante sobre la guerra
contra las drogas, y que empecemos a conectar la violencia en el país a las
industrias extractivas. Eso, sin embargo, no es una cosa fácil de hacer. Un
estudio recién realizado por María Fernanda Paz, investigadora de la
Universidad Autónoma de México, demuestra que en la consideración de los
conflictos ambientales en México, pocos se enumeran tener lugar en los estados
que experimentan altos niveles de violencia a causa de la guerra contra las
drogas [1]. Fundamentalmente, hay dos razones por eso: en primer lugar, donde
la militarización y paramilitarización vinculadas con la guerra contra las
drogas se encuentran más intensas, disminuye la movilización pública; y en
segundo lugar, en estas áreas, la cobertura de las noticias sufre.
La falta de cobertura noticiera, y la
dificultad que enfrentan l@s residentes en organizarse en las regiones donde la
violencia relacionada de la guerra contra las drogas es parte de la vida diaria,
impulsa la creación de una imagen distorsionada de las luchas ambientales, la
cual hace invisible el papel de los recursos naturales en las zonas violentas.
Esto no echa la culpa a l@s investigadores: sin cobertura de noticias, y con
actos públicos de la resistencia más pequeños, es comprensible por qué las
luchas ambientales carecen de la documentación necesaria para incluirlas en un
inventario nacional de los conflictos.
Pero si, por ejemplo, examináramos las
ventas restantes de la Ronda 1 de los campos petroleros convencionales y no
convencionales, que están programadas para llevarse a cabo en Tamaulipas y
Nuevo León, a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, así como en el
estado de Veracruz, nos daríamos cuenta de que estas son algunas de las
regiones más conflictivas del país. Más allá de los tiroteos de perfil alto que
a veces se incluyen en las noticias, se sabe poco fuera de la región acerca del
carácter de la violencia y la represión que enfrentan l@s residentes en las
ciudades y zonas rurales de Tamaulipas, que por mucho tiempo ha sido conocido como
un estado peligroso para l@s periodistas. Catorce periodistas reportando sobre
Veracruz han sido asesinad@s desde el 2011, más reciente Rubén Espinosa, quien
fue asesinado en el D.F. junto con cuatro mujeres el primer de agosto del 2015. Tres
otr@s periodistas han sido desaparecid@s en en el Estado de Veracruz durante
el mismo período de tiempo.
Se dice que una gran parte de esta región
rica en petróleo está bajo el control de Los Zetas, un cártel narco conocido
por hacer desaparecer a l@s trabajadores petroler@s emplead@s por la petrolera estatal,
Pemex. Hay que ver cómo interactúan Los Zetas con las petroleras privadas que
se inscriben a explorar los bloques que se subastarán por la Agencia Nacional
de Hidrocarburos de México.
Del mismo modo, muchas de las regiones de Michoacán y Guerrero que han experimentado un terror dirigido por el estado
y la violencia paramilitarizada son ricas en minerales o en áreas con
producción agrícola rentable.
Para comprender lo que está ocurriendo en
México, es imperativo que nos movamos más allá de la corriente principal y el
discurso oficial. Los sitios alternativos de comunicación como Subversiones, Desinformémonos, Sin Embargo y el diario La Jornada
proporcionan a l@s lectores una visión diferente de lo que está pasando en
México. La combinación de estas fuentes con un análisis que incluye las
transformaciones económicas estructurales pueden ayudar a proporcionar un
panorama más completo de lo que realmente está pasando al sur de la frontera Estados
Unidos-México.
Dawn Paley es la autora de El capitalismo narco (AK Press, 2014) y una
estudiante graduada en la Universidad Autónoma de Puebla. Ella, junto con
Walker Grooms, de la oficina nacional de Acción Permanente por la Paz, entre otr@s, hablará
en un panel de una conferencia en American University, en Washington, DC, el 30 de agosto, llamada, “La guerra contra las drogas, la ética de la prohibición y el complejo
prisión-industrial.”
[1] Paz, María Fernanda, "Conflictos socioambientales en México: ¿Qué está en disputa?” en Paz, María Fernanda, Nicholas Risdell (Coordinadores), 2014, Conflictos, conflictividades y movilizaciones socioambientales en México: Problemas Comunes, lecturas Diversas. Cuernavaca, CRIM, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, Eds
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